Veto y polémica: Kicillof tensó el límite constitucional con la Cámara de Diputados

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dispuso el veto parcial del presupuesto de la Cámara de Diputados, una decisión que encendió una fuerte polémica en el Poder Legislativo y abrió un debate de fondo sobre los límites constitucionales entre poderes.

La medida impacta de lleno en un aspecto sensible del funcionamiento parlamentario: el mecanismo de transferencia de fondos para el financiamiento de la Cámara baja, una discusión que combina tecnicismos contables, autonomía institucional y disputa política.

A través del Decreto 2947/2025, firmado por el ministro de Gobierno Carlos Bianco y el titular de Economía Pablo López, el Ejecutivo provincial vetó una serie de artículos del proyecto presupuestario que, según su interpretación, presentan objeciones de carácter legal y financiero.

En concreto, el Gobernador observó los artículos 14, 15, 16 y 17, que modificaban la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados. Esas disposiciones establecían un esquema de transferencias automáticas diarias, atadas a los ingresos provinciales, y preveían la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos.

El conflicto constitucional

La decisión reavivó un debate constitucional de alto voltaje. El artículo 94 de la Constitución bonaerense establece que el presupuesto del Poder Legislativo “no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo”, una cláusula pensada para garantizar la autonomía financiera y funcional del Parlamento.

Desde la Legislatura sostienen que el veto vulnera ese principio y sienta un precedente peligroso. Sin embargo, en los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que las modificaciones impulsadas por Diputados excedían lo estrictamente presupuestario y avanzaban sobre el sistema de Tesorería de la Provincia.

Según la interpretación oficial, la automatización diaria de fondos podría desarticular el sistema de cuenta única, generar desbalances en la administración financiera y otorgar un trato diferencial a Diputados incluso frente al Senado.

Lectura política y fuego interno

Más allá del plano jurídico, en los pasillos legislativos la decisión fue leída en clave política. Voces del Parlamento deslizan que el veto se inscribe en la interna del oficialismo bonaerense, en un escenario atravesado por tensiones entre los sectores que controlan la Cámara baja y se alternan en su presidencia.

El trasfondo es un presupuesto estimado en $222.800 millones para la Cámara de Diputados, monto que surge del esquema legal que asigna al Poder Legislativo el 0,9% del presupuesto provincial, a repartirse entre ambas cámaras. Bajo ese criterio, el Senado dispondría de $156.204 millones, debido a su menor cantidad de integrantes.

Así las cosas, Diputados tiene tres caminos posibles: aceptar las observaciones del Ejecutivo y retroceder al sistema anterior de transferencias; insistir con la redacción original con una mayoría agravada de dos tercios; o judicializar la medida, lo que abriría un conflicto institucional de largo aliento con eventual intervención de la Suprema Corte bonaerense.