LEGISLATIVAS | 27 NOV 2025
RIñA INTERNA
Kicillof tiene su Incaa bonaerense y mete presión a La Cámpora
El Senado aprobó el proyecto del Ejecutivo que declara la actividad audiovisual como estratégica y crea el Consejo Provincial regional, un nuevo organismo bajo la órbita del instituto cultural para impulsar la producción, distribución y exhibición de contenidos.
Durante la sesión que también debatió el Presupuesto, el Senado aprobó un proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
El nuevo marco jurídico declara a la actividad audiovisual como una actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, y le otorga un valor estratégico para el desarrollo provincial. El objetivo de la ley es doble: fomentar la creación, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales bonaerenses, y al mismo tiempo, garantizar el acceso a la cultura y el crecimiento económico de la Provincia.
El texto propone “estimular, fomentar, promover y proteger la creación, producción, distribución y exhibición nacional e internacional de contenidos audiovisuales bonaerenses, en su cadena de valor” e incorpora un esquema de fomento local para atraer inversiones.
Aunque se trata de un organismo que está bajo la órbita de la presidencia del Instituto, Kicillof pretende imponer una persona de su confianza para delinear las políticas del sector sin tener supervisión de La Cámpora, que reina en el Instituto Cultural.
La ley crea el Consejo Provincial Regional, un organismo que estará bajo la órbita del Instituto Cultural bonaerense, encabezado por Florencia Saintout. El Consejo funcionará como una suerte de "INCAA bonaerense", con una estructura similar a su homólogo nacional y otras instituciones públicas existentes en el país.
La composición del organismo, cuyos miembros deberán estar radicados en la provincia y cumplirán sus funciones a título honorario por un período de dos años, quedó definida de la siguiente manera: un representante del gobierno bonaerense, seis representantes de la actividad audiovisual según región, dos representantes de los sindicatos y asociaciones gremiales del sector, dos miembros de las asociaciones de directores y productores, dos integrantes de las asociaciones de gestión de derechos de autor, y dos miembros de las universidades nacionales o públicas provinciales.
