La comisión legislativa que investiga el criptoescándalo $Libra sufrió un revés judicial luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazara el pedido de los diputados de utilizar la fuerza pública para obligar a cuatro funcionarios clave a comparecer.
Esta decisión, que será apelada, obliga a dilatar la citación de la figura más buscada: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El juez De Giorgi declaró “improcedente” el auxilio para citar a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF), y la Comisión Nacional de Valores, entre otros funcionarios del Ejecutivo.
La decisión tiene un impacto directo en el cronograma de la comisión, que tiene plazo hasta el 10 de noviembre para emitir su dictamen. El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), explicó que no pueden seguir pidiendo auxilio por la fuerza pública para otros testigos hasta que se resuelva la apelación ante la Cámara Federal.
Esto pone en suspenso la citación de Karina Milei, quien ya había faltado a dos fechas impuestas por los diputados y no respondió a la propuesta de elegir ella misma el día y horario para testificar.
Críticas por exceso de jurisdicción
Ferraro cargó duramente contra la decisión judicial, calificándola de “contradicción esencial, un exceso de jurisdicción y arbitrariedad”. La principal crítica es que el juez se manifestó en contra de las citaciones a pesar de haberse considerado incompetente para resolver el pedido.
El legislador concluyó que la resolución de De Giorgi es un "precedente lesivo para el principio de división de poderes y para los fueros parlamentarios", ya que afecta la independencia funcional del Poder Legislativo.