La jueza Julieta Makintach fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
La magistrada es investigada por la realización de un documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, a cargo de la investigación en San Isidro, sostienen en su escrito que "de las heterogéneas evidencias recabadas (...) surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada".
La imputación detalla que la jueza aceptó una propuesta comercial de Maria Lía Vidal Alemán con la promesa de "obtener beneficios económicos futuros directos".
Para ello, Makintach se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro” y facilitar la filmación en la sala de audiencias, asumiendo un rol protagónico en el proyecto, que se iba a llamar “Justicia Divina”.
Las evidencias, que incluyen el análisis de cámaras de seguridad y diversas declaraciones, llevaron a los fiscales a solicitar que se inicie un juicio político contra la jueza y se la desafuere para poder avanzar en su indagatoria.