El Gobierno echó Spagnuolo tras la filtración de los audios por las coimas de Karina y los Menem

El presidente Javier Milei ordenó la remoción de Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la difusión de audios donde el funcionario se referiría a un presunto esquema de coimas en contratos con laboratorios y prestadores de servicios.

La decisión, calificada como "medida preventiva" por la Vocería Presidencial, se comunicó en la madrugada del jueves.

Las grabaciones, filtradas por el canal de streaming Carnaval y redes sociales, exponen una voz atribuida a Spagnuolo describiendo cómo operadores vinculados a la droguería Suizo Argentina, con nexos con Martín Menem, habrían solicitado un "retorno del 8%" de los pagos a prestadores para facilitar contratos con el Estado.

En los audios, Spagnuolo menciona que a la hermana del Presidente, Karina Milei, le "llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", implicando que el dinero restante se elevaría a la Presidencia. Este 8% de retorno representaría entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

El extitular de la ANDIS afirma en los audios haber advertido al propio presidente Javier Milei sobre la situación. “Yo fui y le dije 'Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?'”, se escucha.

También le habría dicho al mandatario: "No te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mi este fardo". Según la voz, el esquema abarcaba no solo medicamentos, sino también internaciones y transporte de pacientes, conformando un "kiosco de 20/30 mil dólares por mes".

Paralelamente a la desvinculación de Spagnuolo, el organismo fue intervenido y quedó bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. La prioridad del Ejecutivo, según el comunicado oficial, es "garantizar el normal y correcto funcionamiento" de la agencia.

El escándalo escaló rápidamente al ámbito judicial, donde el fiscal federal Franco Picardi abrió una causa para determinar la autenticidad de las grabaciones y el eventual rol de los funcionarios mencionados. La investigación recayó en manos del juez Sebastián Casanello, quien deberá analizar si existieron delitos de cohecho y defraudación al Estado.