La funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia, Alexia Abaigar, acusada por su participación en el escrache a la casa del diputado libertario José Luis Espert, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.
Tras permanecer nueve días detenida, la justicia federal ordenó su traslado a una vivienda donde será monitoreada con una tobillera electrónica, en una causa que genera un fuerte debate político y judicial.
La decisión fue tomada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien accedió al pedido de la defensa, que había hecho hincapié en que Abaigar padece una enfermedad autoinmune.
La militante había estado detenida en una alcaldía y luego fue trasladada al penal de Ezeiza, una medida que fue duramente criticada por el peronismo, que la calificó como un acto de "persecución político-judicial".
El centro del debate judicial y político es la carátula de la causa. La justicia investiga si existió una organización para cometer delitos graves, basándose en el artículo 213 bis del Código Penal, que castiga la "creación y participación en agrupaciones con fines de imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor".
Esta figura, vinculada a la "asociación ilícita" e incluso a "delitos contra el terrorismo", es la que justifica la intervención de la justicia federal.