POLíTICA | 25 JUN 2025
TRAS LA SENTENCIA
Cristina Kirchner denuncia un cerco político: Polémica por las visitas limitadas
La defensa de la expresidenta advirtió que las restricciones impuestas a sus visitas en prisión domiciliaria afectan sus derechos políticos y partidarios. Más de 700 personas ya solicitaron autorización para verla, pero el Tribunal mantiene un riguroso control.
Tras la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, se desató una fuerte polémica por los límites impuestos a las visitas que puede recibir en su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal N.º 2 ya contabiliza más de 700 solicitudes de visita.
La defensa de la exmandataria, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, denunció que estas restricciones afectan sus "derechos políticos y partidarios". Además, advirtieron que si se mantiene la exigencia de pedir autorización judicial y justificar cada visita por fuera de un listado previamente autorizado, se generaría un "desgaste jurisdiccional".
Ante este escenario, los abogados apelaron la decisión ante la Cámara Federal de Casación, luego de que se habilitara un listado reducido de personas, familiares, abogados, custodios y médicos, que pueden ingresar sin solicitar permiso previo.
Según argumentaron los letrados, de confirmarse esta medida, “se limitarían los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner al supeditar su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa”.
También señalaron que “la regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limita a acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de la condena”, por lo que “cualquier limitación adicional supone una potestad complementaria no prevista por la normativa vigente”.
Más de 700 pedidos de visita
Desde que el abogado Gregorio Dalbón difundió en redes sociales la dirección electrónica del Tribunal Oral Federal 2, la casilla oficial recibió 702 correos con pedidos para visitar a la exmandataria en su domicilio de San José 1111, donde cumple la condena.
El presidente del Tribunal y juez de ejecución de la sentencia, Jorge Gorini, derivó esas solicitudes a la defensa de Cristina Kirchner, y les recordó que la normativa vigente establece que deben ser los abogados quienes canalicen los pedidos y presenten la debida fundamentación en cada caso.
