El secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, calificó este martes como "un horror" el intento del Gobierno nacional de limitar el derecho de huelga a través del decreto 340/25, el cual fue recientemente suspendido por un fallo judicial.
El dirigente sindical elogió la decisión de la Justicia y criticó duramente la gestión oficial, a la que consideró “pésima”.
“El derecho de huelga es un derecho constitucional y es un horror lo que quiso hacer el Gobierno, que es un ‘revival’ del DNU 70/23 que también fue declarado inconstitucional”, afirmó Rodríguez esta mañana en declaraciones a Radio Colonia, aludiendo al decreto que generalizaba las actividades esenciales y restringía el derecho de huelga.
El referente de los estatales sostuvo que la posibilidad de recurrir a una huelga “además de la Constitución está en innumerables normas internacionales a las que la Argentina adhirió”. Puntualizó que las excepciones a este derecho, “como en la guardia de hospitales o en ciertos elementos educativos”, ya “están también contempladas”.
Rodríguez no ahorró críticas para la administración actual, a la que calificó como “una gestión pésima”. Aseguró que el objetivo del Gobierno es “destruir los salarios”, y describió: “Esta política funciona con el dólar planchado y el salario destruido y sin poder adquisitivo”. Sin embargo, vaticinó que “esto tiene una duración bastante corta porque ya está habiendo reacciones, como lo vemos en el hospital Garrahan”.
En cuanto a la relación con el Ejecutivo, el secretario adjunto de la CGT señaló: “La CGT en varias ocasiones buscó el diálogo, el consenso y la negociación, pero las pocas veces en que nos han convocado lo que se promete en una mesa de diálogo luego no se cumple y nos ha llevado a que hayamos generado planes de acción desde el año pasado, y esto va a seguir recrudeciendo si no hay un cambio concreto”.
Asimismo, cuestionó la actitud del Poder Ejecutivo de no homologar paritarias que superen el 1% de aumento mensual. “Hay un incumplimiento absoluto de lo que significa una negociación colectiva, que es entre partes y al ponerse de acuerdo existe la libertad para que esa decisión se implemente. No puede el Gobierno meterse unilateralmente en esta situación y disponer otra cosa”, concluyó.
