El presidente Javier Milei disolvió, mediante el Decreto 332/2025 publicado en el Boletín Oficial, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada en febrero de este año.
El objetivo de esta unidad era esclarecer el escándalo de la criptomoneda $Libra, un caso en el que el propio Milei es señalado como presunto impulsor de una estafa millonaria.
La decisión “despierta fuertes críticas”, no solo interrumpe una investigación clave, sino que también alimenta las acusaciones de que el Ejecutivo utiliza su poder para protegerse de la Justicia.
El decreto, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justifica la disolución argumentando que la UTI “cumplió” con las tareas asignadas por el Decreto 114/2025, que le dio origen.
La UTI, creada en febrero mediante la Resolución 72/2025, tenía como fin indagar posibles “irregularidades o hechos de corrupción” vinculados a $Libra. Al frente de la misma había sido designada María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y figura cercana a Cúneo Libarona. Su función era recolectar información y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
La elección de una funcionaria de confianza del ministro ya había generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la pesquisa.
La unidad estaba facultada para requerir datos a organismos públicos, provinciales e internacionales, resguardando la información bajo estrictas medidas de seguridad.
La decisión del Ejecutivo no solo frustra las expectativas de esclarecimiento, sino que consolida la percepción de un uso indebido del poder presidencial para eludir el escrutinio.