Efecto Ley Bases: El Gobierno decretó la emergencia ferroviaria

Tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, el Gobierno decretó la emergencia pública en materia ferroviaria por dos años. Según lo establecido en el DNU 525, las empresas del sector deberán presentar un plan de readecuación y priorización de obras.

La medida tiene como objetivo “resguardar la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros”, y abarca todas las actividades de administración, mantenimiento y operación de la infraestructura ferroviaria en la Red Ferroviaria Nacional.

Además, el decreto de Javier Milei incluye tanto los servicios prestados directamente por el Estado Nacional como a los gestionados por otras entidades, mientras que establece que “el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación designada podrá prorrogar dicho plazo por única vez por otro período de hasta 24 meses", en caso de ser necesario.

En este marco, el Gobierno se comprometió a asignar un presupuesto adicional de $1.293.780.000.000 que será utilizado para las tareas de fortalecimiento del sistema ferroviario, que sean aprobadas, mientras que $350.000 millones deberán imputarse en el presupuesto 2024. 

¿Qué ferrocarriles alcanza?

Según establecieron, las entidades que deberán presentar un plan de acción dentro de un plazo de 15 días son las siguientes: Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

La medida también alcanza a Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria

Bajo la lupa 

El decreto destaca que, en caso de ser necesario, las propuestas también deberán contemplar “adecuaciones de las condiciones laborales de los trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales correspondientes”.

En esa línea, para mejorar la seguridad operativa del servicio ferroviario, las entidades deberán elevar una propuesta de “medidas indispensables y urgentes” ante el Gobierno, que debe incluir “solicitudes de readecuación presupuestaria” y un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones. 

Además, deberán describir cada medida, detallar el plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuentes de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad.

Por otro lado, se autorizó a la Secretaría de Transporte y a las empresas ferroviarias a dar de baja las contrataciones de tercerizados que no se adecuen al plan de acción. 

A su vez, las entidades tendrán la facultad de atraer inversiones, fomentar la participación de terceros y firmar los contratos necesarios para formalizar las colaboraciones en materia operativa y en la gestión de infraestructura.