Denuncian a Conte Grand por dar cobertura judicial a actos de corrupción y persecución

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerenses, Susana González, denunció penalmente al procurador general, Julio Conte Grand, por encubrir una malversación de fondos de funcionarios de Cambiemos por US$ 95 millones.

La acusación, radicada en el juzgado federal de La Plata, a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla, también alcanza al exinterventor del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevilla, a fiscales provinciales y hasta a exagentes de la AFI.

"La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal", explicó la ensenadense.

Dicho esto, enmarcó los hechos como parte del entramado de persecución política y judicial durante el macrismo: "Fue un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”, sentenció la diputada provincial.

Bajo la lupa

González hizo hincapié en un acto de corrupción que se descubrió en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual, según indicó, podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.

Sobre esa situación, la legisladora indicó que el fiscal a cargo de esa causa, “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Río Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares.

Para probar ese hecho, González aportó el informe técnico de la Prefectura Naval Argentina, y el informe de los contadores en la visita a las instalaciones del Astillero Río Santiago, realizada el día 8 de febrero de 2019 donde se puede observar la materialidad ilícita que sostiene la acusación.

Sin tapujos, la diputada dijo que la gestión de Conte Grand se dedicó a posibilitar el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción, y a "perjudicar a dirigentes gremiales del Astillero Río Santiago, y disciplinar y perseguir a agentes fiscales que no seguían las órdenes del procurador o los agentes de inteligencia federales, como procurar la impunidad de los funcionarios de la Procuración denunciados”.

¿A quiénes denunció?

La legisladora pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".

Se trata del extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta; los funcionarios de Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés; y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).