Polémica

Lorenzino y una presentación por Farmacity

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino envió un pedido a la Corte bonaerense y le apuntó al vicejefe de Gabiente de Nación.

14/04/2018 10:01:57

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Luego que la Procuración de Nación “recomiende” a la Suprema Corte bonaerense “revisar” el fallo negativo por la ley de Farmacias, y que imposibilita la llegada de la Cadena de Farmacias “Farmacity” a territorio provincial, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino le apuntó al Vicejefe de Gabinete de Nación y accionista de la empresa cuestionada, Mario Quintana.

“Sucede lo que venimos denunciando desde hace tiempo: se están dando una serie de maniobras que claramente benefician al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien fundó y dirigió la firma, y más allá de que anunció que se alejará de la empresa, sin dudas obtendrá ganancias ante el crecimiento que tendrá la compañía si la dejan instalarse en la Provincia” reclamó Lorenzino.

Sobre el fallo de Procuración, lo que sucede es que vuelva a instancias provinciales y será la Corte provincial quien tendrá que volver a tratar la demanda de la Cadena de Farmacias. Según denuncian desde el Colegio de Farmacéuticos, la resolución de Procuración es para evitar un escándalo de la Suprema Corte y por “el lobby” que hay alrededor de este fallo.

“Me hubiese gustado que Mario Quintana se desprendiera de las acciones de Farmacity el 10 de diciembre de 2015, porque la verdad que Farmacity es el mayor proveedor del PAMI” reclamó Lorenzino en dialogo con Radio del Plata.

La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que rechace el dictamen de la Procuración General de la Nación. “Estamos en contra de este pronunciamiento que sólo contempla un interés comercial particular y afecta directamente al acceso a la salud de los bonaerenses”, expresó el defensor del Pueblo.

El pedido del organismo al máximo tribunal nacional se basa en que la disposición del procurador interino, Eduardo Casal, quien considera inconstitucional la ley que frena el ingreso de la empresa en territorio provincial, no reconoce el carácter de las farmacias como un servicio de utilidad pública, indispensable para el acceso igualitario al medicamento como bien social.


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