La administración de Alberto Fernández asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo, ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.

Mediante la Resolución 88/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.

Para dar con este objetivo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación.

La idea central es recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

En ese escenario, el Ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.