Un grupo de organizaciones de defensa de los consumidores realizó una presentación a la senadora del Frente de Todos, Gabriela De María para crear una comisión bicameral que audite el proceso de inversiones de las distribuidoras eléctricas. Esto pone en discusión las tarifas eléctricas que deberán pagar los bonaerenses el próximo año.

En una nota que dirigieron a la senadora, que es la presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores, un grupo de diecisiete organizaciones plantearon la necesidad de crear una comisión bicameral que el proceso de revisión tarifario 2017-2022, que puso en marcha el Gobierno de María Eugenia Vidal y el de Axel Kicillof suspendió a través de la ley de emergencia económica.

Asimismo, las organizaciones de los consumidores le remitieron a los senadores una copia del informe de Revisión Tarifaria RTI 2017-22 que realizó la subsecretaría de Energía de la Provincia, controlada por Gastón Ghione, en el primer semestre de este año, en el cual se denuncian que hubo aumentos de hasta 3.500% hasta agosto de 2019, pero que eso no implicó inversiones acordes que mejoraran el servicio, sino una mayor toma de ganancia para los accionistas de la compañía.

Ese informe tensó la relación del Gobierno con Rogelio Pagano, el propietario de las cuatro distribuidoras que regula la Provincia, Edelap, Edes, Edea y Eden, todas pertenecientes al grupo DESA, que dan servicio a toda la población que vive fuera del Conurbano, junto con unas 280 cooperativas.

Ahora, las organizaciones quieren usar ese texto como eje de actuación de una comisión bicameral que demuestre que como las inversiones no se hicieron, no deben descongelarse las tarifas.

Algunas son partidarios de mantener los precios como están, mientras que otros quieren avanzar en una “desprivatización”.

Para el Gobierno, el reclamo de las entidades es una forma de instalar la cuestión desde el punto de vista que más le conviene: el de los incumplimientos que achaca a DESA.

 El objetivo parece ser doble, encarar el momento en que vence el congelamiento desde una posición de fuerza, para minimizar o suprimir la posibilidad de nuevos aumentos una vez que se supere esa medida.

En ese plano, en el Ejecutivo dicen que desde agosto de 2019 , último mes en que se aplicó un aumento de los previstos por el acuerdo de la era Vidal y el mismo mes del año pasado hubiese habido un incremento de 100% de la tarifa si no se hubiese congelado.