jueves 28 de marzo de 2024 - Edición Nº1940

Provincia | 22 sep 2020

Denuncia

Aumentos injustificados y falta de inversión: Distribuidoras de Energía en la mira

La provincia de Buenos Aires descubrió muchas irregularidades en el control a las empresas eléctricas en el Gobierno de María Eugenia Vidal.


El Gobierno de Axel Kicillof detectó que empresas distribuidoras de energía eléctrica que operan en el territorio bonaerense fueron autorizadas a realizar aumentos tarifarios injustificados que no tuvieron las inversiones necesarias para brindar un buen servicio.

 

La información se desprende de un informe que realizó la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos sobre las subas de tarifas y las inversiones durante el periodo 2016-2019, cuando gobernaba en territorio bonaerense María Eugenia Vidal

 

Desde Provincia, señalan que en esos años no se establecieron los controles que se instituyen en la normativa, ya que solo se hicieron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10% de las comerciales correspondientes.

 

Asimismo, el Gobierno advierte sobre errores en los informes aprobados en esos cuatro años en relación al nivel de inversiones que presentaron las empresas, que tuvieron un importante crecimiento patrimonial. Las cuatro distribuidoras de energía eléctrica aumentaron sus ganancias entre 498% y 644% en el periodo que va de 2015 a 2018.

 

Cabe destacar que los incrementos, en ese periodo fueron de 2.000% y 3.500% en apenas tres años, pero que esa extraordinaria suba no se trasladó a inversiones o a mejorar el servicio.

 

Según el informe, los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares.

 

La falta de control fue otro rasgo distintivo que se analiza en el informe. “A partir del abandono durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente. Sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales”, reza.

 

El documento también asegura que no se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas.

 

En consecuencia, la administración provincial asegura que el informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio. Si a eso “se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires”, exhibe.

 

 

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