Con críticas de la oposición, la Reforma Judicial que plantea María Eugenia Vidal, encontró un nuevo rechazo por parte de los jueces del fuero laboral, quienes apuntan a los cambios que quiere realizar el oficialismo en el marco de la reforma en el ámbito de la justicia. 

Es que Cambiemos se encontró con dos problemas: el primero, la falta de apoyo por parte de la oposición, principalmente dado por la falta de acuerdos y consensos, primado por la imposición del oficialismo y en endurecimiento de la oposición; pero por otro lado, el reclamo por parte del Poder Judicial, algo que no estaba en los planes. 

La Reforma del Fuero Laboral bonaerense sigue demorada en el Senado, después del fallido intento del oficialismo de tratarla en la última sesión. Se trata de uno de las leyes centrales del paquete de proyectos de reforma judicial. 

Es que Cambiemos plantea que hay un alto nivel de litigiosidad y una acumulación de causas en el fuero laboral y que ese es el "corazón de la reforma". 

De esa manera, entienden, se agilizará la tramitación de causas, al garantizarse juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas las llevará adelante un sólo juez y no tres como hasta ahora.

Sin embargo, los jueces laborales expresaron sus críticas por entender que no habían sido convocados a discutir la reforma y pusieron sobre la mesa advertencias sobre la inconstitucionalidad de la labor transitoria de las Cámaras Civiles y Comerciales que, con el proyecto oficial podrían ser habilitadas para obrar en materia laboral.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, advirtió sobre los altos costos que demandará la reforma del fuero y mantiene su presión sobre la independencia del Presupuesto para la Justicia. 

"Aproximadamente $971.000.000 en el rubro personal, además de $37.600.000 en gastos de alquileres, respetando las configuraciones actuales en materia de organización del trabajo. Ante cambios estructurales de tamaña magnitud como los que se proponen, resulta ineludible establecer principios superiores surgidos de políticas públicas sólidas, planificadas y de consenso, donde la Suprema Corte de Justicia y los distintos actores del sistema judicial, aporten sus experiencias", apuntaron en una Resolución de la Corte.