viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº1941

Legislativas | 22 ene 2020

Opinión

El riesgo de un default engañoso

Nota de Opinión de Guillermo Bardón, diputado provincial Cambio Federal.


En las próximas horas la provincia de Buenos Aires sabrá si los tenedores del bono BP21 aceptan la propuesta de diferir al 1 de mayo el vencimiento del pago de 250 millones de dólares originalmente previsto para el 26 de enero. Si esa opción no es aceptada por al menos el 75% de los acreedores, se abrirá una instancia de diez días hábiles para tratar de alcanzar un acuerdo. Finalizado ese plazo, si las gestiones fracasan, la Provincia caerá en default. Frente a esta posibilidad concreta, cabe señalar que será, cuanto menos, un default teñido de dudas e interrogantes.

La primera duda que surge es si efectivamente la Provincia se encuentra en una situación de colapso que le impide hacer frente a este compromiso en el primer mes del año. De ser así, ¿no hubo gestiones ante el gobierno nacional para evitar esta decisión? Si esas gestiones existieron, ¿por qué se resolvió no auxiliar a la Provincia? En el caso de que se tratara de una táctica para “asustar” a otros tenedores de bonos, ¿se habrá calibrado con responsabilidad el impacto para la Provincia, y para el país en su conjunto, de una decisión semejante? No hace falta ser experto en finanzas internacionales para anticipar la negativa lectura que harían los inversores externos de un eventual default bonaerense. El gobernador Axel Kicillof dijo este fin de semana que “hay que crecer para poder pagar”, pero espantar a los inversores no parece ser el camino para generar empleo y estimular el desarrollo productivo.

Estas son apenas algunas de las muchas dudas que genera la decisión del Ejecutivo bonaerense de postergar el pago de 250 millones de dólares del bono BP21, emitido en 2011 durante la gestión de Daniel Scioli, por un total de 750 millones de dólares y con amortización en tres cuotas equivalentes (con vencimientos los días 26 de enero de 2019, 2020 y 2021).

El BP21 representa apenas el 11% de los vencimientos en moneda extranjera que deberá afrontar la Provincia durante este año. De manera que otro interrogante de fondo es qué hará la administración bonaerense con los casi dos mil millones de dólares adicionales que vencen a lo largo de 2020. Si la Provincia cae finalmente en cesación de pagos, nadie tendrá claro por qué se habría llegado a esa situación.

No parece descabellado sospechar que se trata, en realidad, de un acuerdo en las sombras entre el gobernador y el presidente Alberto Fernández. La estrategia podría haber sido consensuada, entre las administraciones nacional y bonaerense, para exhibir ante los acreedores externos a una Provincia sin capacidad de pago y de esta manera intentar un mejor y más rápido acuerdo con todos los tenedores de bonos. Si así fuera, se estaría utilizando a la Provincia como una especie de “conejo de Indias”, testeando la reacción de los acreedores y del mercado en general ante una efectiva demostración del alto riesgo de default. Sería una jugada especulativa, con costos seguramente gravosos para millones de bonaerenses que esperan oportunidades de trabajo y desarrollo genuino, para lo cual no se trata de fabricar defaults ni asustar a potenciales inversores, sino de generar confianza y previsibilidad.

Más allá de las tácticas de coyuntura, lo que seguramente debemos discutir son las causas que, desde hace décadas, condenan a la Provincia a una espiral de endeudamiento, dependencia de la Nación y dificultades crónicas. La verdadera dureza debe aplicarse a la defensa de los intereses bonaerenses, postergados históricamente en un reparto de fondos que trata a Buenos Aires como si fuera la Cenicienta de la república.

No podemos hacernos los distraídos. La Provincia, en todo caso, está sumergida en un default estructural desde hace décadas. Discriminada en el reparto de recursos federales, agobiada por la dramática emergencia social del Conurbano, Buenos Aires se ha convertido en una provincia maltratada y postergada, que aporta mucho más de lo que recibe. Este es el verdadero debate que debemos protagonizar los dirigentes provinciales. Y deberíamos convertirlo en una verdadera “causa bonaerense” que nos encolumne a todos, oficialistas y opositores. No contribuye a ese objetivo ningún experimento extraño que derive en un default forzado.

La Provincia aporta el 40% de la riqueza nacional y sólo recibe alrededor del 20%. Por poco tiempo, esta distorsión quedó parcialmente corregida con el Fondo del Conurbano, que al final se terminó licuando de una manera absurda y con el tácito consentimiento de muchos gobiernos bonaerenses. Vale recordar que la ley que estableció ese Fondo (nutrido de un porcentaje de la recaudación por Ganancias) fijó un tope y estableció que el excedente se repartiera entre el resto de las provincias. Al principio, ese excedente no era muy significativo. Con el tiempo, muchas provincias terminaron recibiendo por el “derrame” del Fondo del Conurbano mucho más que Buenos Aires. Una paradoja que rozó el disparate y que, sin embargo, se mantuvo durante años sin que la dirigencia bonaerense diera la pelea. El Conurbano, con los mayores índices de pobreza del país, equivale al 1 por ciento del territorio provincial y alberga a dos tercios de su población.

En este sentido, es importante contrastar la actitud que tuvo el actual gobernador en su gestión como ministro de Economía de la Nación con la que adoptó la administración de Mauricio Macri, que con la firma del Consenso Fiscal 2017 actualizó el Fondo del Conurbano de acuerdo a sus valores históricos, generando una importante recomposición de la participación de la Provincia no sólo dento del total de recursos nacionales sino también en la distribución entre provincias.

Para que se entienda el alcance de esa medida, vale citar algunas cifras. Durante la gestión de Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner, en el período 2012/2015 ingresaron a la Provincia 2.600 millones de pesos por el Fondo del Conurbano. Si el Consenso Fiscal –o alguna medida de características similares- hubiese estado vigente en ese lapso, los ingresos hubiesen representado 93.659 millones de pesos, equivalentes a 13.287 millones de dólares. Esa suma superaba el total de la deuda provincial al 31 de diciembre de 2015, que ascendía a 9.362 millones de dólares. Es decir, la restitución del Fondo del Conurbano hubiese desendeudado por completo a la Provincia.

Por todo lo señalado, y en la antesala de un default probablemente engañoso y de alto riesgo, el foco debería ponerse, en realidad, en el verdadero default de la Provincia, el que explica todas sus angustias y desgracias. Es una quiebra que lleva al menos 30 años. Y que para levantarla exige que todos, oficialistas y opositores, nos pongamos firmes en defensa de la “causa bonaerense”. Ojalá no equivoquemos el diagnóstico.Nota de

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