El encuentro tuvo como eje la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley nacional 26.657 de "Derecho a la Protección de la Salud Mental", que establece la protección de los derechos de los ciudadanos que padecen problemas de salud mental y garantiza el acceso a los servicios que la promueven y la protegen.

Al respecto, el defensor del Pueblo adjunto en Derechos Humanos y Salud bonaerense, Marcelo Honores, destacó que el objetivo es “trabajar en la remoción de los obstáculos que impiden que los usuarios de servicios en salud mental tengan los derechos que la ley consagra”.

“Uno de los puntos en donde hay que trabajar fuertemente es el que indica que la persona se debe externar como máximo en el año 2020. Para esto, lo que debe hacerse es generar los dispositivos que permitan acompañarlos en ese proceso”, contó Honores.

Por su parte, la diputada Alejandra Lordén explicó en relación con la legislación vigente que “es una iniciativa de vanguardia, y como toda ley, los alcances y la implementación aún cuestan debido a que tiene que acompañarse con un cambio cultural profundo que no se puede imponer, sino que se da con el correr de los años y políticas a largo plazo”.